Víctor M. Carriba / Prensa Latina
Naciones
Unidas. Quinientos veinte años después de la llegada de los colonizadores
al llamado Nuevo Mundo, indígenas de todos los rincones regresaron ahora a
Naciones Unidas con reclamos por el legado que todavía sufren sus comunidades
por aquella invasión.
Y para acelerar los preparativos de la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, a celebrarse en 2014 como colofón de más de cinco
siglos de lucha en defensa de los derechos de todo tipo negados a esos
conglomerados.
Más de dos mil representantes de grupos autóctonos acaban
de concluir dos semanas de debates en la sede del organismo mundial en Nueva
York en la XI sesión del Foro Permanente para Asuntos de los Pueblos Indígenas.
El tema central de las discusiones giró en torno al título
"La doctrina del descubrimiento y su repercusión duradera en los pueblos
indígenas y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado".
Una de las pautas del intercambio la marcó la aimara
chilena Hortensia Hidalgo al apuntar que los conquistadores europeos usaron la
cruz y la espada para imponer su doctrina de un dios y un rey, obtuvieron la
dispensa papal para cristianizar a los indígenas y crearon la noción de razas
superiores e inferiores.
Ellos invadieron los territorios indígenas, violaron de
manera sistemática los derechos de sus pueblos, son los responsables del cambio
climático y ahora hablan de economía verde solo para persistir en sus políticas
de pillaje de la Madre Tierra, aseguró.
El cónclave de la ONU acordó una recomendación que llama a
los Estados a rectificar los errores causados por esa y otras doctrinas, en
particular por la violación de los derechos de las comunidades originarias a la
tierra, y a la restitución u otras formas de reparación.
También ratificó la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas en su denuncia a las doctrinas, políticas y prácticas basadas
en la superioridad de determinados pueblos o individuos por razones de origen
nacional y diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales.
Esas prácticas son racistas, científicamente falsas,
jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas,
insistieron los delegados.
Por esa vía, agregaron, los Estados han suprimido los
derechos de los pueblos indígenas, los cuales tienen derechos colectivos a las
tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o
utilizado y exigieron el respeto a sus costumbres, tradiciones y sistemas de
tenencia de la tierra.
El punto forma parte de la Declaración de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas, adoptada en septiembre de 2007 por la
Asamblea General y cuyo quinto aniversario fue conmemorado durante la XI sesión
del foro.
El encuentro emitió otra recomendación sobre el derecho de
esas comunidades a la soberanía alimentaria, el cual vincularon al
reconocimiento colectivo de sus prerrogativas relacionadas con la tierra y los
recursos, la cultura y la organización social.
En ese sentido, instó a los Estados a facilitar el
fortalecimiento de los sistemas tradicionales de alimentación, ratificando y
demarcando los territorios indígenas para que puedan desarrollar mejor sus
actividades de producción de alimentos.
Asimismo, reclamó avanzar en las negociaciones para un
instrumento legal internacional que garantice la protección efectiva del
conocimiento tradicional indígena, las expresiones culturales, el folclore y
los recursos genéticos.
Por iniciativa del caucus latinoamericano, se propuso la
adopción de una Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra, a
partir de la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas de 2014.
La sugerencia recordó que las poblaciones nativas son
herederas de grandes civilizaciones y han conquistado con muchos sacrificios el
reconocimiento de sus derechos en instrumentos jurídicos internacionales.
Sin embargo, denunció que el actual modelo neoliberal
vulnera los derechos de los indígenas y de la Madre Tierra, y reduce a los
Estados a su mínima expresión, con la única tarea de dictar políticas que
favorecen las inversiones, en especial en actividades extractivas.
Como consecuencia de eso, los pueblos autóctonos padecen
el despojo de territorios y bienes naturales, el desplazamiento forzoso, la
contaminación ambiental, daños a la salud y la violación de sus lugares
sagrados, según se explicó. Además sufren la imposición de modelos ajenos de
desarrollo homogeneizador, depredador y represivo que ya evidencia su
inviabilidad en múltiples crisis y el desconocimiento del derecho a la consulta
y el consentimiento previo, libre e informado.
Ese ángulo de las discusiones apunta directamente a la
Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) a celebrase el mes
próximo en Río de Janeiro.
Por todo eso, la cita de Nueva York instó a que la cumbre
de 2014 discuta también sobre nuevos paradigmas, como "los Estados
plurinacionales frente al Estado Nación en crisis y al cambio climático" y
la noción del Buen Vivir como alternativa a la crisis y la llamada economía
verde.
Otro tema clave del encuentro analizó los problemas de la
violencia contra las mujeres indígenas para acordar acciones dirigidas a la
aplicación de planes con perspectiva de género con vistas a la protección de
esas féminas.
Llamó a combatir la trata de personas y todas las formas
de explotación conexas e instaron a las comunidades autóctonas a denunciar las
distintas formas de violencia contra sus mujeres.
El objetivo es proteger a las víctimas, enjuiciar a los
autores y evitar todas las formas de explotación, en particular la trata de
personas, apuntó.
Sobre este último aspecto, los expertos del foro
ratificaron sugerencias previas para enfrentar el comercio de seres humanos con
fines de explotación sexual y la prostitución y otras referidas a la
desaparición y asesinato de mujeres aborígenes.
Igualmente se discutió en torno a prácticas culturales
como la mutilación y la ablación genital femenina, el matrimonio con precio de
la novia, el racismo y la discriminación.
Solo restan dos años para la primera Cumbre de los Pueblos
Indígenas, cuya organización debe contar con un importante protagonismo de esas
comunidades y sus representantes, según advirtió el canciller de Bolivia, David
Choquehuanca.
El ministro, quien presentó propuestas concretas al
respecto, dijo que esa cita debe analizar el cumplimiento de los objetivos
trazados para el Segundo decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014)
y el estado de implementación de la declaración de 2007.
Esta última contiene 46 artículos, el primero de los
cuales dice que "los indígenas tienen derecho, como pueblos o como
individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales".
Y el segundo apunta que esas comunidades "son libres
e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto
de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular
la fundada en su origen o identidad indígenas".
